LA MARCHA AL CAMPO

La controvertida Toma de Tierras se ha conjugado como una realidad polemizada por los medios masivos de comunicación, quienes suelen imprimirle una cuota extra de violencia, en lugar de direccionar el mensaje de una forma tal que exponga la situación de muchas personas: la insuficiencia de necesidades básicas satisfechas, por estar coartado no sólo el derecho a una vivienda digna, si no también, al de un trabajo y calidad de vida tales.

Una realidad enraizada, inherente y estructural

Esta coyuntura se encuadra bajo la matriz de la desigualdad, dejando a la vista cómo, por un lado, nuestro país (octavo más extenso del planeta), tiene la mayor parte de su territorio en manos de pocos latifundistas, mientras que, por otro lado, existen miles de personas que se encuentran bajo las condiciones anteriormente mencionadas, generando escenarios de hacinamiento en urbes, y ante todo, promoviendo aún más la característica centralización que se nos ha adjudicado históricamente.

Estos presupuestos retoman cuestiones estructurales que nos son inherentes, entendiendo que la extensión de nuestro territorio ha sido motivo de luchas territoriales desde la época colonial, pasando por la instauración de la capital del Virreinato del Río de La Plata en la actual Ciudad de Buenos Aires, determinando de esta forma, luego, el engrandecimiento de lo que hoy se conoce como Gran Buenos Aires, a partir del trazo del punto con mayor densidad poblacional del país a raíz de la instauración de los focos productivos y de desarrollo en la región, donde luego se instalarían puertos e industrias.

Nuestro territorio, desde la instancia colonial, pasando por el intento de ocupación inglesa, hacia nuestra independencia, las luchas territoriales con Chile, Uruguay, la generación del 80, las teorías de Alberdi y Sarmiento, ha sido el epicentro de controversias en torno a lo que conlleva un territorio de esta extensión en términos de poder.

Argentina porta además de la zona metropolitana, algunos puntos con mayor densidad poblacional como lo son las capitales provinciales. El resto en su mayoría, le pertenece a latifundistas, extranjeros, que sólo buscan explotarlo y sacarle rédito económico, como sucede, otra vez, desde siempre.

Esta realidad denota la marca inherente y estructural que corroe por las venas de todos los estados latinoamericanos, en nuestra connotación de ex colonia explotada, situada bajo la línea del ecuador, trazo demarcatorio mundialmente de los territorios sucumbidos y destinados a todo tipo de dependencia.

El resultado del devenir histórico hacen que la primarización productiva, extractivista y exportadora de los recursos naturales, sean el sello de la economía de nuestro país, gobierne quien gobierne. Así, un territorio extenso, rico en bienes comunes, variado en climas y biomas, está prácticamente vacío y el éxodo hacia las ciudades de la escasa población rural sigue desangrando al campo donde crece la soja ensopada en agrotóxicos y generando divisas para un puñado de familias, multinacionales y grupos financieros.

En este marco histórico, inherente y estructural, a la par de la toma de tierras y el déficit habitacional que ésta denuncia, es que nace el proyecto de ley “Programa Nacional Marcha al Campo”.

Como una alternativa para dar respuesta a la realidad que viven muchas familias sin hogar ni trabajo, la diputada María Rosa Martínez, autora de la propuesta, junto con otros diputados del Frente de Todos, impulsaron en el Congreso esta iniciativa con el objetivo de que personas y familias puedan acceder a tierras fiscales ociosas de zonas rurales.

A lo largo de sus 13 artículos, el documento propone que puedan asentarse y poner en marcha proyectos productivos vinculados a la agricultura en extensiones de no más de 150 hectáreas cedidas en comodato, sin dejar de estar en manos del Estado y descartando su transmisión al dominio privado.
La intención es que las tierras mantengan su función social como bien púbico, y que no sean para acumulación capitalista propia de aquellos que poseen mayores recursos.

El proyecto de ley pretende que mediante el trabajo de la tierra se fomente la economía circular en pequeñas zonas, con proyección a otras más extensas.
Acarreando un espíritu federal, propone posibilitar una distribución de la población más equilibrada en el territorio nacional.

“Tiene como finalidad central generar trabajo digno, un repoblamiento.”, expone la propulsora de la ley. “Queremos el objetivo de producción agrícola y pecuaria, pero también de industrialización”, aclara Martínez.

“Es una migración inversa; en vez de que esas personas piensen que tienen una única posibilidad de vida y trabajo en los centros urbanos, buscamos promover que las regiones de nuestro país vayan teniendo más fortaleza, más visibilidad e inversión pública”, indicó.

El intento de respuesta al dilema de la toma de tierras, que busca repoblar y mejorar la calidad de vida de quienes hasta ahora no han tenido oportunidades, busca otorgar con destino heredable de por vida.

La Marcha al Campo, busca la creación de empleo genuino con desarrollo científico y tecnológico; apunta a revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector rural, contribuyendo a evitar el hacinamiento en los conurbanos.

La posibilidad de pensar en un desarrollo regional hace a la necesidad de que gobernadores e intendentes vean este proyecto como una cuestión estratégica.

El proyecto de ley que busca repoblar el interior, propone así mismo la conformación de cooperativas de productores, de comercialización y transporte, lo cual conlleva un cambio de lógica en el modelo de acumulación.

Sus objetivos son varios, así como lograr la soberanía alimentaria y la producción, proclama la movilización de fuerza de trabajo, y propone “un análisis de la variable de género, a los fines de adecuar el Programa para el acceso igualitario a la tierra”, sostiene su autora.

Se postula como un instrumento de alta eficacia para superar la desocupación y subocupación estructural así como la pobreza e indigencia; una reforma estructural en el régimen agrario.

A su vez, se propone que tenga una orientación organizativa que esté vinculada con la idea de la democracia participativa, de la economía popular y de la cultura comunitaria.

Para determinar los destinatarios, se propone realizar un censo nacional convocado por la unidad ejecutora, así como de los propietarios y trabajadores permanentes o transitorios del medio rural.

Los primeros destinatarios para radicarse serían familias de la misma zona donde haya parcelas disponibles. Posteriormente, “imaginamos que sería posible que jóvenes y familias de productores, investigadores, técnicos y científicos de otros lugares puedan trasladarse”, agregó la autora del proyecto.

Los insumos básicos del proyecto están al alcance de la mano: fuerza de trabajo ociosa, joven, que busca una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos, mucho mejor que la que pueden tener en las aglomeraciones urbanas.
Por otro lado, tierras fiscales también ociosas.

Se proyecta brindar un primer plazo de comodato por 48 meses “sin subsidios permanentes del Estado” y “con un libre desarrollo de actividades”, aclara la legisladora. Luego se generarían “unidades asociativas de producción en la forma de cooperativas agropecuarias” para la posterior comercialización y transporte de mercaderías.
Luego de este primer plazo de 48 meses, la población movilizada pasaría a significar una nueva población rural, asentada en el territorio y organizada como un conjunto de productores.
Además, el proyecto contempla que los destinatarios sean capacitados por profesionales extensionistas, comunicadoras/es agrícolas y forestales, profesionales de educación, salud, construcción y las ciencias sociales.

El aporte que debería hacer el Estado sería inicial. Dar créditos y subsidios como incentivo a la localización y producción, y generar las condiciones de infraestructura rural, como vivienda familiar, caminos, acceso a la salud y la educación, y servicios públicos.
Esta renta básica inicial iría disminuyendo a medida que la unidad de producción asociativa se vaya capitalizado.

Martínez resalta que existen 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país, y si se les suma las correspondientes a bosques nativos para proyectos vinculados a esas áreas, la cifra se elevaría a 30 millones de hectáreas.

La diputada expone cómo el grado de concentración económica, industrial y productiva en las grandes ciudades y también la producción intensiva de productos como la soja ha hecho que no existieran políticas que dejaran crecer a los productores más pequeños, como condicionantes que han bloqueado las posibilidades de llevar este tipo de procesos adelante.

“La pandemia genera una circunstancia muy especial de repensar los lugares donde es posible mejorar calidad de vida, sin el hacinamiento de las ciudades”, afirma.

El proyecto de ley tiene estado parlamentario y debe ser discutido en comisiones. Posee la firma de 24 diputados del Frente de Todos y es acompañado por organizaciones rurales, gremiales y movimientos sociales y políticos.
La Marcha al Campo debe pasar por las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda, de las cuales tres están a cargo de diputados del Frente de Todos.
De aprobarse, se estima que la primera etapa (el análisis de las tierras fiscales disponibles) se extendería por 48 meses. Luego de eso, a largo plazo, la aspiración de los legisladores es poder llegar a generar entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo en el interior del país.