En un marco donde colectivos de mujeres han reclamado y promovido un paradigma que expone las desigualdades y diferencias en términos de derechos desde una perspectiva de género, el aborto se ha configurado en los últimos años como una de las reivindicaciones de mayor envergadura que proclama el movimiento de mujeres de la nación argentina.
En un país donde el aborto estuvo no sólo prohibido, sino que también penalizado hasta la sanción de la ley sobre la Interrupción voluntaria del embarazo el día 30 del pasado diciembre, dos eran los escenarios que se configuraban.
Por un lado, uno donde un porcentaje de mujeres poseían los recursos económicos necesarios para afrontar el gasto que un aborto seguro significaba.
Por otro, aquel donde las mujeres que no tuvieron esa posibilidad, debieron acudir a realizarse un aborto clandestino bajo condiciones negligentes, arriesgándose a tener consecuencias severas no sólo en términos biológicos y psicológicos, si no afrontándose a la posibilidad de morir.
El mayor agravante que ha arrastrado consigo la realidad que acarrea un aborto clandestino y que se ha configurado como el argumento utilizado exponencialmente a favor de la reivindicación del derecho en cuestión, fue la cantidad de muertes provocadas por los mismos, en el seno de un conglomerado de mujeres económica y culturalmente marginalizadas.
Dichas muertes se identifican a los ojos de quienes las visibilizan como la mayor deuda que el Estado y sociedad patriarcales y conservadores, dentro de los cuales se libran estas luchas reivindicatorias, nos deben a las mujeres.
Es una cuestión de clase, donde la mujer pudiente experimenta y atraviesa una realidad en mejores condiciones que la que no lo es, quien queda supedita a correr innumerables riesgos, exponiéndose a la posibilidad de fallecer.
Es un dilema pertinente a la salud pública, que aboga por un Estado responsable y a la altura de rendir cuentas ante sus sociedades.
Y sí es una realidad desigual, no sólo por la diferencia que los recursos económicos, culturales y aquellos vinculados a la educación significan, sino porque conlleva y promueve el estigma de la marginalización del género, quedando otra vez desfazado de las prioridades en agenda por las que los gobiernos y el sistema patriarcal optan.
Las mujeres hemos, colectivamente y a través del movimiento feminista, promovido y revindicado la soberanía sobre nuestros cuerpos.
Nos batimos en la lucha contra presupuestos y dogmas social y culturalmente prestablecidos con el fin de proclamar el derecho de elegir cuando maternar y cuando no, el derecho a elegir qué hacer con nuestras vidas.
Defendemos el derecho al aborto en el marco de una sociedad que carece y ha carecido siempre de una educación sexual integral que permita tener los recursos necesarios para poder desarrollar una vida sexual de forma libre y efectiva.
El genoma latinoamericano
Argentina como nación perteneciente a Latinoamérica, no escapa a los estigmas de carácter inherente e intrínseco que esa condición denota. Realidades como el pasado colonial al que sucumbió y sus vestigios materializados en contínuas e inmortales dependencias, configuran el entramado de variables que nos determinan estructural e idiosincráticamente.
El continente latinoamericano en su conjunto fue una región colonizada, explotada y corroída, hitos que acarrearon un imperialismo basado en una intromisión cultural y religiosa, configurando dimensiones en torno a dependencias económicas y estructurales, conformando así matrices profundamente arraigadas que determinarían realidades sociales.
Al conglomerado de desigualdades y e injusticias en materia social, política y económica como de cualquier índole que prevalecen en el territorio en cuestión, el derecho al aborto se configura como otra arista en el afán idiosincrático latinoamericano a reivindicar.
Este continente, profanado en sus raíces, supeditado a ser dependiente y subdesarrollado por antonomasia, se jactó (como podía), hasta hoy, de proclamar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo sólo en Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México.
La matriz de la desigualdad vuelve a subordinar a su dimensión de género, de forma tal de sumirla al sometimiento social y cultural que el sistema patriarcal que le da origen proclama, reforzando aún más este gen latinoamericano, atrofiado, configurando así su idiosincrasia, de forma estructural.
Religión y poder
El análisis socio-político en torno al debate del aborto se analiza en función de diferentes variables y dimensiones sociales, estructurales e inherentes. Los hechos políticos y sociales son multivariables y sus explicaciones están atravesadas por diferentes factores.
La religión, conjunto de creencias y generadora de dogmas y presupuestos que signan culturas, idiosincrasias y sociedades, ha cumplido un rol crucial en el entramado analítico que corresponde a la temática en cuestión.
Durante el período colonial, las potencias extranjeras europeas en su afán imperialista, utilizaron a la religión cristiana católica como recurso e instrumento de poder con el fin de socavar aún más a las comunidades locales, y “civilizarlas” a merced de sus pretensiones y concepciones dogmáticas.
De esta forma, las cruzadas que trajo consigo la colonización no sólo religiosa y territorial, sino cultural, económica y estructural, configuraron como uno de sus principales bastiones a la religión cristiana católica como uno de sus primordiales presupuestos colonizadores.
Esta fé ha sido por siglos la expresión de una de las instituciones de poder más fuertes de la historia, habiendo proclamado para sí la capacidad de influir en sociedades enteras, bajo paradigmas impuestos y así reconfigurados en políticas y realidades socio culturales.
Ella cancela y crucifica la concepción del aborto como política pública de salud, sosteniéndose sobre los fundamentos que su credo religioso promueve y propone, argumentándose sobre las bases de las concepciones pregonadas acerca del inicio de la vida.
En estos presupuestos eclesiásticos se basan las históricas reticencias a las más importantes luchas y reivindicaciones de derechos como la orientación sexual, la identidad de género, el matrimonio igualitario y demás.
La religión cristiana católica no concibe a una interrupción voluntaria del embarazo, porque bajo los cánones y concepciones religiosas que su fé defiende, reafirman la existencia de una vida ya comenzada.
Una vida que se asume concebida voluntariamente en pos de una natural prolongación de la especie, en el marco de una pareja heterosexual unida en eterno matrimonio.
Conceptualizando a nuestro ultrajado continente como uno carente de recursos tanto económicos, como educativos y culturales, realidad conjugada por antecedentes coloniales y sesgada por el legado de una religión como la cristiana católica, sumado a cómo estos elementos inherentemente conservadores y arcaicos son los que conforman nuestras idiosincrasias, puede comprenderse el porcentaje de nuestra población que profesa dicha fé.
Siguiendo este lineamiento, y en el marco de la división territorial de nuestro país, al momento de la conformación del Estado-nación, se fueron de esa misma forma estableciendo las figuras caudillescas, bajo una oligarquía terrateniente antidemocrática y conservadora, que se proclamaría luego en el poder durante años, constituyendo el estereotipo de un falso federalismo compuesto por provincias de esta índole, dirigidas por líderes carismáticos conservadores y católicos.
Este paradigma, es característico de lo que corresponde al interior del país, en gran parte del norte y centro del mismo, aunque no corresponde sólo y exclusivamente a ellos. Estas regiones y sociedades son grandes exponentes del fenómeno constituyente de este estereotipo estructural de nuestra sociedad.
De esta forma, se debe dar lugar a un análisis socio-histórico que fundamente y argumente de forma explicativa la conformación y configuración de una cultura e idiosincrasia regional que alude a un conjunto de factores signados por un carácter conservador y religioso trascendido en tiempo y espacio exponiendo así las realidades sociales y políticas actuales.
Un Derecho sesgado
El marco religioso desarrollado que atravesó y aún atraviesa nuestra historia, cultura, idiosincrasia y educación, no se ha privado de entrometerse en lo que respecta al ámbito jurídico nacional a la hora de determinar realidades sociales en nuestro país.
En este sentido, toma gran envergadura el carácter íntimamente cristiano católico que sesga nuestra Constitución Nacional cuando el segundo de los ciento veintinueve artículos que la componen afirma que “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.”
Nuestra Carta Magna es una manifestación del letargo de la reformulación social que dentro de un continuum histórico debería materializarse, pero que a causa de las raíces históricas que acaparan nuestra evolución, no logra desarrollarse de la forma progresiva en la que debería.
Las sociedades reformulan sus reclamos en el marco de una actualización histórica en base a sus avances y progresos, generando de esa forma su expresión bajo proclamas, institutos y/o instituciones como cualquier factor de poder que pueda exponer esta evolución.
En la medida en que las sociedades se asumen en este proceso de avance permanente, se presumen dichas acciones y reivindicaciones.
En este sentido es que nuestro desarrollo queda trunco, bajo el acecho de un estigma de carácter religioso regocijándose de determinar una factibilidad que no es tal, exponiendo a su vez las falencias que una sociedad estanca, arcaica y conservadora manifiesta en el máximo texto constitucional que la regula.
Si en materia legal, las sociedades gozan de las leyes que las reglamentan en base a lo que ellas mismas formulan, proclaman, construyen y demandan, además de la injerencia que la cultura, educación e idiosincrasia, imprime en la misma, es lógico que la formulación de nuestro texto constituyente originario en el marco de una sociedad como la de 1853, fuera una determinada en base a los valores y concepciones que en aquel entonces reinaban.
La deficiencia que obstaculizó reformar la constitución en el marco de la lógica social de renovación y reformulación en base a cambios y avances societales, ha reforzado el carácter conservador que la misma esgrime desde sus bases.
De esta forma, uno de los más fervientes argumentos en contra de la legalización del aborto es uno justificado bajo razonamientos religiosos y tradicionalistas en pos de una proclama constitucional.
Una cuestión idiosincrática
Retomando la histórica bifurcación en lo que respecta a la variable partidaria argentina, se puede distinguir en términos generales, englobantes, y pertinentes a este análisis, a los paradigmas propios de, por un lado, el eterno partido justicialista y oficialista, mientras que en el otro extremo del espectro partidario se localiza al frente multipartidario conformado en sus bases más sólidas o al menos técnica e institucionalmente hablando, por su partido históricamente opositor.
En este sentido, cabe indagar idiosincráticamente ambos bandos en pos de vislumbrar el engranaje de factores explicativos que auspician de argumentos para justificar ambos posicionamientos en torno al tema en cuestión.
En lo que respecta a la división idiosincrática y cultural en términos partidarios a la hora de posicionarse frente a este debate social, debe tenerse en cuenta el carácter progresista que los diferentes movimientos tanto sea de mujeres, como representantes de diferentes disidencias, el colectivo feminista en sí, así como partidos de izquierda y el partido oficialista le han asignado al reclamo, postulando una política pública de salud bajo el ala de sus creencias, preceptos y presupuestos partidarios e ideológicos.
Aquí, puede notarse una variedad de conjunciones políticas y sociales manifestadas en movimientos y colectivos que han conformado este conglomerado, al cual se adhiere una de las fuerzas políticas anteriormente mencionadas.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la sanción de la ley que legaliza y despenaliza el aborto en nuestro país fue una promesa de campaña que el actual presidente Alberto Fernández realizó.
En este sentido, puede ubicarse a un conjunto de colectivos, movimientos e ideologías partidarias en vinculación con un tipo de políticas públicas catalogadas como progresistas y en defensa de los derechos de las sociedades.
A la hora de entender el paradigma que rige idiosincráticamente al conglomerado de la población que defiende otro tipo de ideología y políticas, debe analizarse cómo el grueso del espectro votante del frente partidario opositor permite visibilizar un claro posicionamiento ideológico en común frente a diferentes dilemas políticos y sociales, varios vinculados a preceptos religiosos y a concepciones tradicionalistas y conservadoras.
El partido oficialista se enmarca analíticamente a la par de una historicidad marcada por el carácter progre de las políticas y reivindicaciones de derechos que pregonó, y hoy se proclama nuevamente a favor del reclamo de un derecho social de esta misma índole.
Por su parte, asumiendo a una oposición que tan fervientemente se manifiesta bajo el ala opuesta política, cultural, económica e idiosincráticamente, se conjugan sus reivindicaciones y creencias apuntadas hacia el otro extremo del espectro político y así mismo en el marco de la temática a debatir: liberal en lo económico, conservador en el ámbito social, en pos de paradigmas tradicionalistas ligados a las concepciones de familia y cómo éstas se componen, concebidas bajo los preceptos que una religión cristiana católica proclama.
Aprobación de la legalización del aborto en Argentina
El primer debate parlamentario en torno a la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2018, se dio en el marco de una oleada reivindicatoria de derechos y luchas feministas llevadas adelante por mujeres que tuvieron la fortaleza, y para algunos el tupé, de que este movimiento tome el tenor que tomó.
El pasado 30 de diciembre, el Senado de la Nación Argentina aprobó por una mayoría de 38 votos a favor y 29 en contra, la interrupción voluntaria del embarazo.
Se trata de la despenalización y legalización que traen consigo el derecho a optar por intervenir voluntariamente un embarazo.
Por otro lado, a pesar de cómo representantes de la cámara alta y referentes del paradigma cultural e idiosincrático religioso, conservador y tradicionalista expuesto anteriormente, han votado en contra, la lucha por las reivindicaciones de los derechos que suplican y proclaman la igualdad de género y la lucha contra las injusticias y desigualdades esgrimidas hacia el colectivo de mujeres argentino, ha logrado configurar a nuestro país como parte de la vanguardia latinoamericana que vuelve a reivindicar la lucha por los derechos sociales en un continente donde se en su mayor parte se ven coartados.
El triunfo que conlleva la aprobación y legalización del aborto en Argentina representa el logro, la victoria de una lucha no sólo de décadas, si no una que viene a reformular y a instaurar paradigmas y cambios culturales e idiosincráticos en las sociedades, que se asumen siempre en desarrollo y evolución, ayornándose a las nuevas realidades que el mundo en eterno cambio demanda.
Lo personal sí es político y tanto aquel como todo aspecto social se encuentran en permanente reformulación, y obligan, nos obligan, a estar en una contínua revisión de lo que debemos reclamar y defender como derecho.
