Una de las disyuntivas puesta en debate por la pandemia que marca la coyuntura mundial, fue la controversia que gira en torno a las cárceles.
La política universalmente adoptada para contener el contagio que promete el COVID-19 es el aislamiento social, preventivo y obligatorio, término adoptado como cuarentena, que supone un resguardo en función de contacto con otros. Ese cuidado, lleva consigo impreso un carácter sanitario de salubridad, que demanda un estado permanente de higiene no sólo personal si no también del entorno.
Entendiendo que el aislamiento social, preventivo y obligatorio concierne a todos, su alcance no tardó en llegar a las cárceles.
En Argentina, el sistema penitenciario está atravesado por un amplio abanico de variables que sucumben en una suerte de debates silenciados y problemas irresueltos a causa de intereses políticos, judiciales y redes mafiosas que se conjugan. La problemática que trajo consigo la pandemia para con este ámbito no queda exento de este paradigma.
PRESOS Y DDHH
En el marco de la pandemia, cientos de detenidos en el país han protestado por las condiciones de hacinamiento y la falta de insumos médicos y de limpieza.
Las personas privadas de su libertad a partir de una condena judicial que justifica su encierro, se manifestaron fervientemente en defensa de sus derechos, entendiéndose dentro de una coyuntura mundial sesgada por una pandemia altamente contagiosa, en pos de su excarcelación, que les daría el resguardo que estos derechos proclaman.
Una de las mayores justificaciones de estos reclamos, se encuentra dentro del hecho que exponen las realidades carcelarias nacionales. Las mismas padecen un inherente y enraizado hacinamiento caracterizado por la inexistencia de signos de higiene, que hace a sus condiciones de salubridad y sanitarias absolutamente nulas.
Los internos viven bajo un sistema totalmente desprotegido en términos de salud e higiene personal y habitacional, haciéndolos vulnerables a todo tipo de enfermedades o condiciones físicas en su vida diaria y más aún en el contexto en el que estamos inmersos actualmente.
La distribución poblacional dentro de los pabellones, exponiendo cómo disponen a varios internos a convivir bajo una misma celda, sin mencionar la existencia de villas de chapas y cartones en los patios aún en peores condiciones, justifican los reclamos.
Reclusos han reclamado ser beneficiados con prisiones domiciliarias o liberaciones anticipadas, en un clima de tensión que se ha ido incrementando con el correr de los días. El miedo al contagio desencadenó dos motines -en la Unidad N°10 de Moreno o la N°23 de Florencio Varela- y llevó a 1200 presos a iniciar huelgas de hambre.
“Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando”, dijo Carlos Ojeda, uno de los detenidos en Villa Devoto.
Los pedidos se enmarcan dentro de la lógica prevista para sujetos en condiciones más propensas y riesgosas de contraer el virus y para presos condenados por delitos menores.
COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Esta institución, cuyo presidente es el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, es un organismo público autónomo y autárquico que promueve políticas públicas de Memoria y Defensa de los Derechos Humanos cuya injerencia se ha ido ampliando; presenta habeas corpus y denuncia las condiciones de detención en las cárceles.
Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia.
Creada en el 2000, la CPM tuvo un rol fundamental en los “juicios por la Verdad”.
En el mes de mayo, en el marco del Ciclo Debate “Pandemia mundial. ¿Qué hacer con las cárceles?”, la Comisión Provincial por la Memoria realizó una charla virtual con referentes internacionales.
“El COVID19 puso en jaque todo el sistema carcelario y también evidenció las condiciones de desigualdad que existen. Mirar la demografía de las cárceles es una manera de apreciar el tamaño de esa desigualdad”, sostuvo la presidenta de la CPM, Dora Barrancos.
“La situación carcelaria se discute en los medios y en la esfera política y, desde la CPM, consideramos importante ubicar en ese escenario el problema de las cárceles, en situaciones excepcionales como estas, y los niveles de sobrepoblación.
“Frente a la crisis humanitaria por el hacinamiento carcelario, el respeto de los derechos humanos deben ocupar la centralidad de la discusión”, agregó la presidenta de la CPM.
Por otro lado, el abogado y psicólogo social Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, reconoce que el proceso que se pretende de excarcelaciones legítimas no es fácil debido a que el Poder Judicial es muy conservador y no se inclina a otorgar este tipo de medidas.
La Comisión, que monitorea la sobrepoblación penitenciaria y las acusaciones de tormentos tras las rejas en la provincia, conoce de primera mano la situación y respalda los reclamos hechos por los reclusos.
“Para nosotros es importante que las personas detenidas lleven adelante las acciones que consideren necesario (en referencia a las huelgas de hambre). Pero sí es importante que sea un proceso lo más pacífico posible, porque también es cierto que hay que dar una disputa hacia la sociedad para que entienda que las personas que están detenidas son las que más en riesgo están con el coronavirus.”, expone el secretario.
COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
El CNPT es un organismo perteneciente a la Comisión anteriormente mencionada, institución estatal que monitorea, controla y hace un seguimiento de la situación de las personas privadas de la libertad en la Argentina, y que actualmente reclama por la protección de la población carcelaria frente al coronavirus.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura emitió una serie de recomendaciones para que el Estado nacional garantice la protección de los derechos humanos de personas privadas de su libertad en medio de la pandemia del coronavirus.
«La propia situación de privación de la libertad implica concentración de personas en espacios reducidos, lo que amerita la elaboración de protocolos y planes de acción específicos para aplicar las medidas sanitarias requeridas, por parte de cada una de las autoridades con responsabilidad sobre establecimientos de detención», dijo el Comité. El mismo, reclama la elaboración de protocolos «para cada uno de los ámbitos de encierro, ya sea el sistema penal, el ámbito sanitario (privación de libertad por razones de salud mental o uso problemático de sustancias), o en el ámbito asistencial y o tutelar donde se alojan personas adultas, niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad».
Para la institución es imperioso que las acciones sean preventivas, adecuadas y suficientes para evitar la propagación del COVID-19 tanto entre las personas privadas de su libertad como del personal del lugar de detención, de visitantes, proveedores, funcionarios judiciales, personal de organismos de control y toda otra persona que tenga contacto frecuente con los centros de detención.
Recientemente, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, publicó un informe completo de las medidas que se están tomando en el mundo entero a raíz de la pandemia de COVID-19 donde se expone cómo las naciones de todos los continentes, incluyendo las que tienen gobiernos muy conservadores o directamente de derecha, enviaron a prisión domiciliaria, excarcelaron o establecieron morigeraciones para centenares de miles de presos con el objetivo de descomprimir las cárceles y aliviar en algo el hacinamiento.
DIMENSIÓN DE DESIGUALDAD
Resulta imperioso remarcar que estas realidades sacan a la luz una serie de réplicas vivenciales que se reproducen en la sociedad toda en el marco de la pandemia.
La variable que retoma la desigualdad que atraviesa a las comunidades, está presente dentro de diferentes ámbitos, siendo la pobreza, el género, las etnias, los adultos mayores y así los contextos de encierro como las cárceles, notorias manifestaciones de la misma.
La desigualdad es la matriz que regula cómo estos paradigmas se han desarrollado en el marco del coronavirus, exponiendo cómo la gente de menores recursos, los géneros oprimidos sin salida en el marco de la cuarentena, las etnias antisistema y precarias, así como los presos y los adultos mayores encerrados y en desventaja, terminan quedando sobrepasados como sectores vulnerados en torno al contexto.
Las cárceles, con su hacinamiento, nula higiene y el encierro que promete como insignia oficial, se vuelve uno de los escenarios más desventajosos a la hora de hacer frente a nuevas realidades como esta, entendiéndola como un ámbito históricamente segregado y desatendido no sólo social si no política, económica y culturalmente.
CHECHELE, GINA
REFERENCIAS
