2001 Ejercicios de memoria

Revisitando la crisis económica y el argentinazo

Este 2021 se cumplen 20 años del Argentinazo, la manifestación masiva organizada por despolitizados y movimientos sociales por fuera de la estructura política clásica más grande de los últimos años. Sabrá el lector/a disculpar la cantidad de adjetivos empleados para describir tal movimiento, pero es condición necesaria si se quiere tener una visión más comprensible del hecho.

Esta explosión social se dio como resultado de dos hechos concatenados. La recurrencia de políticas de ajuste, que no respondía a un partido político en particular sino a la totalidad de las ofertas del espectro político nacional, y que resultaron: ineficaces para ordenar las cuentas públicas y destructivas para la actividad económica. Y, como respuesta, el aumento de la protesta social encausado en movimientos que construían su identidad por fuera de los circuitos clásicos de formación política. 

Desde el IPID creemos que el ejercicio de memoria para recordar la Crisis del 2001 cumple una función social de vital importancia. Los aniversarios de fechas clave de la historia remiten tanto al pasado como al futuro de una nación. Por eso, este revisionismo sirve tanto para seguir dando cauce a las luchas sociales del pasado. Como también de advertencia, para entender que si mantenemos las mismas lógicas de gobierno los resultados serán los mismos para todos y todas.

Las palabras que nos forman

A pesar de ser un hecho de la historia reciente, pensamos que es pertinente repasar los nombres y los sustantivos que edificaron esta crisis. Lo haremos como una especie de repaso rápido revisitando las “palabras clave” que más se pronunciaron por aquel entonces.

La alianza

La Alianza fue la fuerza política imperante  que unificó a los dos principales partidos opositores, la UCR y el Frente País Solidario (Frepaso)  y se presentó en sociedad en 1997. Esta coalición logró capitalizar el descontento social con el Gobierno al prometer mayor “seriedad” del Estado y permanencia de las propuestas económicas. El ascenso de la Alianza culminó en el triunfo en las elecciones presidenciales de 1999, coronando la fórmula Fernando de la Rúa (UCR)-Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso). La Alianza logró 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el PJ, y ganó en la mayoría de los distritos.

Cavallo, el ejecutor

La Ley de Convertibilidad de 1991, impulsada por el ministro de Economía (Domingo Cavallo) y la Ley de Reforma del Estado, sancionada en los inicios del Gobierno, fueron la base de las reformas neoliberales que llevaron a los tercos hechos del 2000. La primera ley fijaba el tipo de cambio en la paridad 1 peso es igual a 1 dolar, eliminaba la posibilidad de indexación y restringía la emisión monetaria al nivel que permitían las reservas de divisas del Banco Central. Con un tipo de cambio fijo, la inflación interna de los dos primeros años del Plan de Convertibilidad elevó considerablemente el tipo de cambio real. La segunda ley habilitaba al poder ejecutivo a privatizar las empresas estatales, eliminar regulaciones de la actividad privada y eliminar o reducir impuestos. Siguiendo el artículo “La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en Argentina” de Sebastián P. Salvia podemos decir que la privatización de empresas estatales alcanzó una celeridad y una intensidad únicas en la región, y la desregulación incluyó la eliminación de instituciones que regulaban al sector privado, como las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes. Además, fueron eliminados los derechos de exportación y se habilitó el ingreso de las semillas transgénicas y la tecnología asociada a ellas, facilitando el incremento de la productividad agraria. Asimismo, se redujeron los aranceles a la importación, lo que facilitó una intensa incorporación de bienes de capital e insumos importados en la industria.

Corralito 

El desencadenante final de la crisis fue la imposición del “Corralito”, el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno diseñada nuevamente por Cavallo restringió la extracción de dinero en efectivo de los bancos.​ Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente limitada para operar sus movimientos económicos. En respuesta a esto, el 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general. Según algunos medios la cifra original atrapada en el corralito fue de unos 60 mil millones de dólares.

Huelga general y saqueos

El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo un alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.

Simultáneamente con la huelga general comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias. Varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes. Miles de personas participaron de saqueos, robos de camiones en las rutas, robos comunes, cortes de calles en las ciudades. La primera ciudad saqueada del interior del país fue Concepción del Uruguay, Entre Ríos. A partir de allí incidentes similares comenzaron a replicarse por el territorio nacional. 

Mientras que los pequeños comercios fueron los más afectados por los saqueos en los que la policía liberó la zona, según declararon, «para evitar muertes», los grandes hipermercados fueron protegidos por esta y no sufrieron grandes daños. En esos siete días de saqueos fueron asesinadas siete personas por las fuerzas de seguridad y los propios comerciantes. 

Estado de sitio

La noche del 19 de diciembre el presidente De la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales. A pesar de que la Constitución argentina establece que la declaración del estado de sitio es una función exclusiva del Congreso de la Nación cuando se encuentra en período de sesiones (art. 75, inc. 29).

Paralelo a ello, parte de la guardia presidencial (el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín) se había alistado en la residencia de Olivos. Otra parte quedó en la Casa Rosada, cuya entrada en el número 50 de la Calle Balcarce ostentó ametralladoras calibre 12. En ambos sitios también se movilizaron soldados con municiones y armas automáticas.3

Inmediatamente después de terminado el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como «el Cacerolazo». Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia del presidente De la Rúa y comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento: «¡que se vayan todos!».

El presidente siguió los hechos a través del canal Todo Noticias del Grupo Clarín. Durante la tarde del 19 llegó a solicitar al entonces Comité Federal de Radiodifusión que interfiriera la señal del canal.

Se sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo presentada por la noche del día 19, y aceptada a las 3 de la mañana del día siguiente.