DEUDA

El día martes 4 de agosto, vaticinando el vencimiento del plazo de oferta, Argentina y sus tres principales grupos de acreedores privados extranjeros, alcanzaron un acuerdo de reestructuración de deuda.
Estos bonistas incluyen el Grupo Ad Hoc, integrado por fondos de inversión como BlackRock, el Grupo Exchange (Grupo de Bonistas de Canje) y el Comité de Acreedores de la Argentina.

ENTENDER LA DEUDA

Cuando un país se endeuda, emite un bono que tiene capital e intereses, generando un plazo en el que ambos deben pagarse. Cuando una nación no puede afrontarlo, queda inmerso dentro de programas de reestructuración como en el que se encuentra hoy la Argentina.

La deuda del país se divide entre organismos oficiales, internacionales y acreedores privados. En este sentido, lo que hoy se encuentra en boga es la negociación con acreedores privados, pero el país está también endeudado con organismos internacionales, principalmente con el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, la CAF, entre otros.

Por otro lado, en torno a la temática de las deudas, se encuentra el debate sobre sus diferentes legislaciones. La deuda se puede emitir bajo legislación local o extranjera, entendiendo que este concepto hace referencia a dónde se va a dirimir el caso legalmente de haber un conflicto.
Los países se endeudan bajo legislación extranjera porque si se dirime en un tribunal en el que el acreedor tiene más confianza, baja el costo, la tasa. De esta forma, a nivel país, a menos riesgo, menos tasa y consecuentemente, menos costo.
En este caso, estamos hablando de una deuda bajo legislación extranjera sobre 21 bonos que el gobierno está renegociando con acreedores.

ANTECEDENTES

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado nacional, los Estados provinciales y los bancos argentinos habían recibido US$40.000 millones en préstamos, con lo que la deuda pública rondaba los US$200.000 millones, representando casi el 30% del Producto Interno Bruto (PBI).
En menos de 2 años (entre diciembre de 2015 y junio de 2017) la deuda emitida por el gobierno argentino fue de casi 100 mil millones de dólares, alcanzando la cifra de 216.351 millones de dólares en diciembre de 2017. Ese año, el país volvió a autorizar las revisiones de su economía por parte del Fondo Monetario Internacional.
A comienzos de 2018 el gobierno argentino atravesó una corrida cambiaria a partir de la cual la moneda nacional perdió la mitad de su valor en dólares. En esas condiciones, recurrió al FMI, quien le otorgó un préstamo de 50.000 millones de dólares, el más grande de la historia del organismo y equivalente a un 11% del PBI de la Argentina ese año.
Apenas tres meses después, se firmó un nuevo acuerdo con el FMI, donde se aumentó el préstamo a 57.100 millones de dólares, a los que se sumaron 5.650 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En diciembre de 2018 la deuda ascendía a más de 345 mil millones de dólares, lo que representaba el 90% del producto bruto interno.
Para principios de 2019 la deuda nacional se acercaba al 97,7% del PBI del país siendo la más alta de la región, mientras que según los datos de la CEPAL, el nivel de endeudamiento se acercaba a casi al 100% del PBI.
Hacia finales de marzo de 2019 la deuda externa bruta argentina superaba los 275 mil millones de dólares, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
A mediados de agosto de 2019 la relación deuda pública/PIB alcanzó el 100,4%.

A la sombra de tres años de recesión, el actual ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, explica que actualmente no tenemos acceso al financiamiento externo, y que independientemente de haberlo recuperado, en el marco de dos años se perdió nuevamente ya que se tomó mucha deuda, a tasas altas y con expectativas de que el país iba a experimentar un sendero de mucha mejoría, escenario que no ocurrió ya que se volvió insostenible.

ACUERDO

Las conversaciones con los bonistas empezaron en febrero, con el objetivo de culminarlas exitosamente en marzo pero la negociación se alargó y la irrupción de la pandemia agravó los indicadores económicos siendo que para este año se prevé una contracción superior al 12% en el Producto Bruto Interno.

El 22 de abril no se pagó una suma por tres bonos que vencieron. De esta forma, se abrió un período de gracia de 30 días, y siendo que el 22 de mayo tampoco se pagaron los vencimientos de bonos, Argentina adquirió el status, virtualmente de cesación de pagos, condición más conocida como default.

El país hizo una primera oferta sin negociación previa y de manera unilateral, realizando una presentación formal a la SEC (Comisión de valor de Estados Unidos) a partir de la cual, al cabo de diez días, los bonistas debían aceptarla o no.
Desde el mercado se concluyó una aceptación muy baja, cerca del 13%.
Luego de que no fuese aceptada, se formuló una enmienda que implicaba presentar otras condiciones de pago de intereses, de capital y plazos. De esta forma, el país entró en un período de negociación con bonistas esperando la aceptación de la oferta. Dentro de esta lógica, se realizaron cinco postergaciones.

Los tres grandes grupos de acreedores liderados por BlackRock, mayor sociedad inversora del planeta y cabeza de Ad Hoc, presentaron una oferta “definitiva” de 56 dólares por cada cien y aseguraron que no se moverían de ahí. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se mantuvo en 53 dólares por cada cien. La diferencia era mínima.
La cifra resultaba insignificante para los fondos de inversión. Se trata de montos que no justifican en términos económicos tener que avanzar en un juicio de default contra el país. BlackRock maneja inversiones en el mundo por 7 billones de dólares. Los 2 mil millones de dólares extra reclamados a la Argentina no representan ni el 0,1 por ciento de esos activos globales. Por este motivo los analistas financieros mencionan que el comportamiento de los fondos Ad Hoc, Exchange y ACC –los principales acreedores del país- fue absolutamente irracional trabando la negociación.

Luego, se mejoró la oferta a los bonistas, desencadenando en el presente acuerdo reconocido ante la SEC, proponiendo un canje de bonos que vencerán a partir de 2029, siendo aquel el momento en el que se pagará el capital, aunque los intereses se vayan desembolsando antes.
Este pacto que deberá ratificarse supondrá un ahorro de 30.000 millones de dólares en una década. También se anticipan vencimientos, se facilita la conversión a bonos en dólares de los bonos emitidos en euros y francos suizos, y se aceptan las condiciones de los acreedores en cuanto a las condiciones legales (que regirían en caso de otro default en el futuro) de los bonos con los que se sustituirá a los reestructurados.
Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que el país se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora.
Se trata de cerrar el canje de la deuda y reestructurar en bonos bajo legislación extranjera que otorgará al país un alivio de deuda significativo. El acuerdo recoge deuda por 65.000 millones de dólares– es una quinta parte de la deuda externa argentina.
En concreto, el comunicado especifica que los bonos de deuda a reestructurar, emitidos en 2005 y 2010 y a partir de 2016 se canjearán por nuevos títulos en dólares y euros con vencimientos en 2029, 2030 y 2038. Por cada 100 dólares del valor nominal de los bonos, los tenedores recibirán 54.
Dejando de lado el gran ahorro que representa, el acuerdo de deuda pública bajo legislación extranjera, permitirá al país evitar procesos judiciales extensos y costosos con los bonistas, establece un aplazamiento temporal de los pagos de deuda y reduciendo los pagos de intereses en adelante.

Para que el acuerdo sea efectivo y los bonistas formalicen su adhesión, Argentina, que está en recesión desde 2018, ha extendido de nuevo hasta el próximo 28 de agosto el plazo de vigencia de su oferta para que los acreedores la acepten.
Si bien los bonistas extranjeros representan apenas el 20% del total de la deuda pública argentina -que asciende a unos US$320.000 millones- este grupo representaba el escollo más difícil a la hora de renegociarla.
El gobierno ya anticipó que aplicará el mismo acuerdo con el resto sus acreedores privados locales, algo que ya fue aprobado por el Senado y espera la sanción de la Cámara de Diputados.
Siendo que la entrada en vigor de los acuerdos continúa siendo el 4 de septiembre, el día 17 de agosto el Ministerio de Economía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos la enmienda a la oferta de canje de deuda en cuestión.

A la par de las conversaciones para solucionar el canje de su deuda externa, Argentina busca, por otro lado, llegar también a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para concretar el pago del préstamo de 44.000 millones de dólares que el organismo prestó desde 2018.

DE CARA A LO QUE VIENE

Entre los principales resultados que se esperan a partir del cierre del acuerdo se destaca la menor presión cambiaria (reducción de la brecha entre el dólar comercial y el tipo de cambio implícito en lo bonos).
Comienza un proceso administrativo donde los acreedores deberán confirmar que aceptan oficialmente los términos y donde harán falta mayorías de al menos 66% o 75%, dependiendo de cada emisión (los bonos ya renegociados en 2015 requieren un porcentaje más alto), pero los tres grandes grupos dicen tener el 60% de la deuda y casi un 30% de la deuda restante, en manos de inversores individuales o pequeñas sociedades, que ya se había alineado con el “sí” hace semanas.
Los analistas consideran que el grado de aceptación puede ser del 85% o más, muy por encima de lo legalmente necesario. En cuanto ese punto esté resuelto, nuevos bonos sustituirán a los antiguos.
Lo principal a destacar, es que libera el peso y estrés financiero para las cuentas públicas durante los próximos años. Con esto, el margen que se posee para impulsar planes de crecimiento es mayor y clave.
Entre 2020 y 2024 vencían USD 63.692 millones; con el acuerdo logrado se deberá pagar sólo USD 7.556 millones aproximadamente. El alivio financiero es de USD 30.300 millones en los vencimientos de títulos bajo ley extranjera y para la deuda bajo ley local, el ahorro en el período supera los USD 37.000 millones.
Las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

En un contexto mundial donde el planeta se ve azotado por una pandemia que ha afectado al capitalismo global de una forma sin precedentes, sumado al contexto económico nacional determinado por las medidas económicas que debieron tomarse para sobrellevar la situación más las condiciones decadentes que encontró el gobierno que asumió el pasado diciembre, las implicancias de este acuerdo brindan una ayuda, un respiro, a la coyuntura económica nacional.