Los postergados del Covid

Si bien el gobierno nacional dictó medidas tales cómo el aislamiento social preventivo y obligatorio (estableciendo en un primer momento el permiso de salir sólo a comprar bienes esenciales como alimento y medicamentos) hay en el país sectores de la sociedad que viven en contextos de pobreza y hacinamiento a los que se les hizo imposible cumplir con el distanciamiento y las medidas de higiene recomendadas y hoy se encuentran en mayor peligro.

En Argentina nos encontramos atravesando entre la  tercera y cuarta etapa de cuarentena según dónde se resida. El gobierno nacional diferenció la zona metropolitana de Buenos Aires donde se deberá continuar de la misma manera, del resto del país donde se pasará a la cuarentena administrada que permitirá una mayor flexibilización. Son los gobernadores los encargados de decidir qué actividades retomarán la normalidad. 

La causa de estas medidas es el tiempo de duplicación de casos que se registraron en la llamada AMBA a diferencia del resto del país. Mientras que a nivel país el contagio se enlentenció a 25 días en AMBA y en ciudad de Buenos Aires baja a 18,8. Una de las principales causas del aumento de la velocidad del contagio es que la concentración de personas es mayor como así también, la conglomeración de villas y asentamientos. 

Asentamientos y barrios populares

Atendiendo a las dificultades de estos sectores se estableció la cuarentena comunitaria entendiendo que la cantidad de personas que componen una familia es mayor y además se concentran en menor espacio y en peores condiciones. De esta manera se dispuso “cerrar los barrios” permitiendo la circulación de los ciudadanos pero sin permitir que se transladen a la ciudad u otros puntos de la provincia. Esto no impide el contagio sino que favorece su concentración. 

Son 22 los fallecidos a causa del coronavirus en los barrios populares, llegando hasta hace unos días a los 2841 casos en la villas porteñas, que representan casi el 40% de los casos en la ciudad.

La realidad de los asentamientos y barrios carenciados, tanto en ciudad y provincia como en el resto del país, es alarmante. Y es que el COVID lo pone en evidencia hoy pero no es novedad. Estos sectores viven en condiciones de hacinamiento y en gran parte sin agua potable. Sufren hambre y desnutrición. De esta manera los índices de salud son bajos y la probabilidad de contraer cualquier enfermedad es mayor. 

A pesar de las constantes denuncias, de vecinos y organizaciones sociales, el gobierno de la Ciudad tardó en atender a las necesidades de este sector de la población. Desde el comienzo de la cuarentena el contagio en estos barrios fue desestimado. Aún teniendo casos confirmados, las medidas de seguridad y aislamiento no fueron suficientes y el virus se propagó rápidamente. 

Mientras que en capital federal y en otros puntos del país se establecieron protocolos de cuidado para ciudadanos que volvían del exterior manteniéndolos aislados en hoteles, en los barrios carenciados el virus comenzaba a circular y los vecinos continuaban expuestos sin ningún tipo de asistencia y cuidado. Las medidas necesarias para frenar la pandemia promovidas por las autoridades no se supieron adaptar a los distintos territorios del país, dejando a los sectores populares más vulnerables que nunca. 

Otra problemática a atender por las autoridades es la ayuda alimentaria ya que un alto porcentaje de las personas que viven en estos barrios trabajan fuera de éstos y de manera informal y debido al aislamiento preventivo no han podido obtener ingresos, quedando familias enteras sin acceder a un plato de comida.

Invisibilizados

Los vecinos de los barrios populares son parte de la población de riesgo ante una pandemia global como el coronavirus pero también lo son ante muchas otras enfermedades que se propagan de manera silenciosa cómo la desnutrición, la desidia y la discriminación. La rapidez y letalidad con la que se propaga el virus en estos barrios demuestra una vez la terrible desigualdad que se vive en nuestro país. 

El fallecimiento de  Ramona Medina y Víctor Giracoy referentes sociales de la Villa 31, que días atrás habían alzado su voz para denunciar la situación que estaban atravesando y alertar el posible desenlace que iba a tener la enfermedad allí, pone de manifiesto el abandono que sufrieron y sufren a diario. 

Con el operativo DETecTAR en marcha el gobierno se propone aumentar la cantidad de testeos con el objetivo de localizar los casos positivos, tratarlos y aislar a las personas infectadas para tratar de disminuir la cantidad de contagios. Aún intensificando la detección de los infectados sigue siendo una gran dificultad el poder aislar a estas personas ya que viven en condiciones muy precarias junto a muchas otras familias en las mismas condiciones por lo que no pueden volver a su hogar y deben continuar hospitalizados. 

El avance de covid en estos barrios pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad de estos sectores de la población en los que hoy está puesto el foco de atención pero que en realidad son constantemente invisibilizados. La preocupación de las autoridades y del resto de la población se hace presente cuando el riesgo implica que el virus salga de las villas y se propague por el resto de los barrios porteños aledaños. 

Pero esto no ocurre cuando se denuncia la ausencia de servicios básicos como el suministro de agua (que como se dio a conocer faltaba en el barrio desde el verano), de gas, la emergencia habitacional, el trabajo informal y falta de recursos de las familias que allí viven. El gobierno de la ciudad viene llevando a cabo un proceso de urbanización de las villas que resulta ser no más una fachada, ya que los verdaderos problemas que se encuentran al interior de los barrios siguen latentes. 

Las denuncias continúan y se hacen más profundas ya que la cantidad de infectados avanza y no existen protocolos que se adapten a las necesidades de los barrios populares. Y el destrato es constante.

Mientras el gobierno de la ciudad hace un paso atrás en la apertura de comercios catalogados como no esenciales, que hace dos semanas eran habilitados a abrir sus puertas, comerciantes y vecinos se manifiestan exigiendo libertad y denuncian que la cuarentena es inconstitucional. En los medios de comunicación comienzan a hablar de un enamoramiento por parte del presidente a la cuarentena y hacer fuerte hincapié en las consecuencias económicas que sufrirá el país debido a su extensión. 

Sin duda habrá costos y responsabilidades que asumir, tanto por parte del gobierno como de los ciudadanos. Pero esta no puede ser la excusa para no ver a cientos de personas vulneradas expuestas a la letalidad de un virus para el que aún no se encuentra cura, con los mismos derechos que todos de ser cuidados y acompañados.

Gelabert Natasha.

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