CHILE: SÍ A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

ENCLAVES DICTATORIALES Y AUTORITARIOS

La Constitución vigente hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, «simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito». Se percibe socialmente como una deslegitimidad de origen.

La Carta Magna fue luego modificada sustancialmente en 1989 cuando se derogó la sección que establecía un pluralismo político limitado, lo cual supuso que ciertas ideologías políticas como el marxismo permanecieran de allí en más, prohibidas.
Más tarde, en 2005, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara pertinente.
En ese año la Constitución se asumió purgada de los enclaves autoritarios que a lo largo del tiempo han generado una rigidez tal, que impedía y obstaculizaba las posibilidades de reforma, coartando así la oportunidad de reformular derechos sociales, que son gran parte de los que hoy se demandan.

El documento constituyente «fue concebido originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo», según Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.
«Hay una desconfianza que está presente en la Constitución de la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo» y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.

ESTALLIDO SOCIAL

En el mes de octubre del año 2019, se desató una crisis en Chile después de que el gobierno anunciara el alza de los precios del pasaje de metro.
La situación fue agravándose cuando la violencia se apoderó de las calles de la capital, a partir de la quema de diversas estaciones de metro y micros, saqueo de supermercados y ataques a instalaciones públicas.
A raíz de estos incidentes, el gobierno decretó el estado de emergencia, lo que significó el despliegue de las fuerzas militares, continuado por el anuncio sobre la suspensión del alza en la tarifa en cuestión. Sin embargo, esto no atenuó la furia de los chilenos.

Ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de ruta.
A esto le continuó la confirmación oficial de la muerte de al menos 18 personas durante las protestas.
A raíz de estos sucesos, Piñera proclamó una serie de reformas para tratar de responder al estallido social.

Políticos y expertos afirmaron que el alza de la tarifa del metro fue sólo la «punta del iceberg» de los problemas que aquejan al país vecino.
La palabra «desigualdad» se había apoderado del debate, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.
Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% más adinerado del país poseía el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedía sólo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes.
De esa manera, la sensación entre los ciudadanos es que no ha habido respuesta de los gobiernos de turno a una problemática que se arrastra hace décadas, vinculadas a vertientes estructurales relacionadas con las necesidades y derechos básicos.
El alza en el pasaje del metro implicaba una cuota adicional al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud, entre otras cuestiones.

ACUERDO HISTÓRICO

En el marco de la crisis social en el mes de noviembre del año pasado, y a partir de un acuerdo histórico entre diferentes fuerzas políticas, se resolvió un plebiscito propuesto para este año, donde la ciudadanía optaría por una nueva constitución, o no, y sobre qué tipo de órgano debería redactarla: una convención mixta constitucional o una convención constitucional.

Mientras la primera estaría integrada por un 50% de parlamentarios en ejercicio y por un 50% de ciudadanos electos para la ocasión, la segunda sería conformada sólo por 155 ciudadanos siendo hombres y mujeres, elegidos de forma directa para tal efecto.
De ganar esta alternativa, se trataría del primer órgano paritario que redactaría una Constitución en el mundo.
El carácter novedoso del hecho no sólo implicaba lo anterior, si no la posibilidad de que esta segunda alternativa brindaría, siendo que en éste país nunca se había redactado una Constitución por un órgano electo o con participación de la ciudadanía. Siempre se ha hecho por grupos pequeños, ya sea de expertos o políticos, sin mucha retroalimentación durante el proceso.
Por otro lado, hay quienes aseguran que es histórico debido a la «amplitud del acuerdo«, siendo firmado desde un partido tan conservador como la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta miembros de la coalición de izquierda.
Fue simbólico comprender una suerte de renuncia de los grupos conservadores de este país.

SÍ A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El pasado domingo 25 de octubre, el pueblo chileno votó a favor de la reforma constitucional durante el plebiscito llevado a cabo.

La votación popular que emergió como respuesta a la movilización social, «síntoma de la crisis de representación del sistema político» en el país, según Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, obtuvo un 78,27% de votos en pos de la reforma, mientras que el rechazo recibió el 21,73% del total.
Con respecto al tipo de órgano que redactará la nueva Carta Magna, la mayoría optó por la Convención Constitucional con un 78,99% por sobre la Convención Mixta (21,01%).
Habiendo sido la participación de un 50,90 % con 7.531.261 personas que votaron de un universo total de electores de 14.796.197, la redacción de la nueva Constitución estará a cargo de 155 delegados/as.

Por otro lado, uno de los aspectos más novedosos de la Carta Magna que viene a sepultar la herencia de la dictadura, trata de la Convención Constitucional que la llevará adelante, la cual fue diagramada de forma tal de ser paritaria, asegurando un mínimo de 45% de mujeres.

TEMÁTICAS A ABORDAR EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL

Algunos de los temas más importantes a tratar por el órgano constituyente serán el rol del Estado, los derechos sociales garantizados (como salud, educación y pensiones), el reconocimiento de derechos indígenas y la forma de gobierno.

«El rol del Estado, por ejemplo, que es uno de los clivajes de la sociedad chilena. Uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, que es subsidiario. Toda la agenda política apunta a un Estado que tenga un rol más social, un Estado Social de Derecho», dice la politóloga chilena Pamela Figueroa, quien trabajó en el proceso constituyente planteado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
«Luego estarán los derechos, especialmente sociales: cuáles se incorporan, cómo se garantizan. Y hay amplio consenso en incorporarlos de forma más explícita: educación, salud, seguridad social. Surgirán nuevos, como el de vivienda. Y derechos de segunda generación: relativos al medioambiente, la no discriminación, la participación. Eso también será importante», continúa.
«Y luego el debate sobre el régimen político, la distribución del poder que es, en mi opinión, el más importante», precisa.

Una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencialista, que es bicameral pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles.
Se requiere transformar el equilibrio de poder entre presidente y Congreso, y ampliar la participación política abriendo mecanismos de democracia directa entre elecciones.

La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas «fundamentales» de la Convención.

El derecho a la sindicalización y a la organización laboral debería ser también parte importante de la discusión constitucional, para poder pensar en un nuevo capitalismo en Chile, con un escenario más parejo entre el capital y el resto de los actores.

SISTEMA MULTIPARTIDISTA

También se encuentra en debate el régimen de gobierno, dado que parte de los problemas de Chile hoy es que elige a sus representantes al Congreso en función de una lógica territorial, que sólo genera caudillismos territoriales y debilitando a los partidos políticos, por lo que reina una pretensión de pensar en un modelo mixto, donde los representantes se elijan combinando distritos uninominales y una lista nacional.

Académicos también argumentan que debería incentivarse a la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, dado que la figura presidencial llega al poder con la ilusión de la mayoría y se encuentra con un Congreso que no le permite llevar adelante su agenda por una disociación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.

Esto es generado por la realidad de que Chile tiene 17 partidos representados en el Congreso, lo que provoca grandes dificultades a la hora de generar mayorías. Dada esta situación, se pretende que el congreso sea unicameral, y la elección a partir de listas cerradas, que no incentiven las agendas individualistas.

En el país vecino, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en este país porque las fuerzas están fragmentadas.

En este sentido, cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno, es que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único.

Es importante por otro lado asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana, que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el lugar donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos.
“El gran desafío de la Convención chilena es «reconciliar a las instituciones con la ciudadanía”, considera Francisco Soto, académico de Derecho Constitucional. Se entiende como imprescindible contar con una metodología que aclare a la ciudadanía cómo se escuchará su opinión, como se le responderá y en qué plazos.
“En Chile la caída en la participación política ha sido la más grande en el mundo, desde 1989 hasta ahora. Hay una distancia enorme con las instituciones», destaca.

EL ROL DEL ESTADO Y LOS DERECHOS SOCIALES

El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidiario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos. La función social está «infrarrepresentada» en la Constitución, que le otorga sólo «funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.»

Por último, se busca puntualizar que será clave la forma en la que se reformará la Carta Magna, el proceso en sí mismo. La forma en que se lleve a cabo no va a ser indiferente porque dependiendo de la participación que tenga la ciudadanía va a tener mayor o menor legitimidad el cambio que se formule. Allí se encuentra fundada la cuota democrática que se demanda.

El hito histórico que conlleva la futura reforma de un texto constitucional, contextualizado en una nación latinoamericana, acarrea atisbos más progresistas de lo que parece, sesgado por un avance en términos de género, manifestándose en el cupo femenino previsto.
Por otro lado, haciendo un racconto sobre la historia que sucumbe a las naciones latinoamericanas, supeditadas a la rendición eterna y a las desigualdades que esas circunstancias prometen, y así bajo el dominio de textos constitucionales remotos que se abstienen por naturaleza al cambio y a la redefinición contínua que una realidad social demanda, una hazaña que pone en evidencia los vestigios de la democracia que se asumen frecuentemente perdidos, se configura como una suerte de manotazo de ahogado victorioso a las añoranzas que en nuestras idiosincrasias aún reinan.