Shock de justicia social y suspensión de los pagos al FMI
Desde el instituto fundado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elaboraron una iniciativa para modificar el Presupuesto 2021 de cara al nuevo escenario pandémico. No pagar la deuda, fortalecer los ingresos y sostener el impuesto a las grandes fortunas.
En octubre de 2020, cuando se conoció el proyecto del Presupuesto 2021, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), fundado por el director del Banco Nación Claudio Lozano y coordinado por la economista Ana Rameri, sostuvieron que el Gobierno había elegido “el camino lento”.
El mismo anticipaba que no habría shock de ingresos y mostraba que la apuesta oficial apuntaba a la obra pública, la inversión privada y las energías renovables.
Un semestre después, el escenario cambió y 2021 se vislumbra como un año donde varias de las premisas que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar ese presupuesto no se cumplirán. Según el IPyPP, éstas son: la posibilidad de cerrar las negociaciones con el FMI antes de las elecciones, el control de la pandemia y la confianza respecto del virtuosismo que generaría los rendimientos sociales de la recuperación económica.
En efecto, las negociaciones con el organismo internacional de crédito resultaron complejas y condicionadas, la pandemia –con todo y plan de vacunación en marcha- está lejos de ser controlada, y los meses de recuperación de la actividad económica no han impactado en la recuperación del empleo y la disminución de la pobreza ya que, según señala el Instituto, “fue a engrosar, vía precios, los márgenes de aquellas empresas con posiciones dominantes en los diferentes mercados”.
Con todo lo dicho, y el marco de la alarma sanitaria en zonas como el AMBA, el IPyPP llama a un cierre completo de actividades (escuelas incluidas) manteniendo sólo las actividades esenciales durante 20 días o un mes como máximo, decisión que debiera ser acompañada de distintas medidas en lo económico.
Política de ingresos
En un informe titulado Modificaciones urgentes frente al cambio de etapa, el desacato y la ofensiva conservadora, el IPyPP detalló una propuesta que incluye un conjunto de medidas para enfrentar el cierre.
Un shock de fortalecimiento de la situación sanitaria y un shock de justicia social. Sobre este punto, el Instituto sostiene que se requiere un shock sanitario, consistente en avanzar en el fortalecimiento de tres cuestiones claves: la vacunación (agotando esfuerzos por producir la vacuna en el país), equipamiento e infraestructura y reforzamiento de recursos humanos en el sector.
Y un shock de justicia social, que tenga en cuenta que frenar la circulación requiere políticas de ingresos. El mismo debería empezar por un aumento de emergencia para las retribuciones del sector público y privado, una recomposición real del salario mínimo, de las jubilaciones y pensiones y la puesta en marcha de un Ingreso Básico que garantice la Universalización de los ingresos hacia la población informal y en situación de desempleo.
“Esta última estrategia tiene un costo equivalente al 3,2% del PBI que descontando lo que actualmente se destina a estos fines pasa a ser del orden del 2,1%”.
Para el Instituto, el bono anunciado de $15.000 “no sólo no va en dirección de ampliar el IFE, sino que acota en exceso la cobertura que éste supo tener: mientras el IFE había alcanzado a casi 9 millones de personas, este bono sólo cubre a casi un millón (11%)” y se limita al territorio del AMBA. También sugiere implementar un nuevo ATP a las empresas que lo necesiten.
Suspensión de los pagos de la deuda
“Las negociaciones con el FMI deberían suspenderse hasta que se normalice la situación planteada por la pandemia –sostiene el informe-. Argentina tiene que salir de la negociación con el FMI con una fuerte reducción (quita) del capital adeudado, sin condicionalidades, con plazos extendidos y reduciendo las tasas de interés. Para esto hay que acorralar al FMI demostrando su corresponsabilidad en la crisis argentina y el mejor mecanismo es presentar el caso del acuerdo en el seno de la ONU donde están los Estados mandantes del FMI. El acuerdo no solo violentó todos los procedimientos normativos, jurídicos y constitucionales de nuestro país, sino que el FMI para otorgar el préstamo más grande de su historia violó todas sus misiones, funciones y hasta su propio Estatuto”.
Para este año, los vencimientos del FMI y del Club de París totalizan US$ 8.175 millones, monto equivalente al superávit comercial registrado en el 2020 por el balance de divisas del Banco Central.
Impuesto a las Grandes Fortunas
Esta medida debe sostenerse hasta que termine la emergencia sanitaria. Según el informe, lo recaudado al primer trimestre fue de sólo $6.000 millones de los $300.000 millones previstos (el 2%). Esto indica que “en realidad sólo el 10% de los contribuyentes proyectados accedió a realizar el pago”.
“Terminar con la rebelión fiscal de los ricos requerirá de estrategias más agresivas como:
a) blanquear el funcionamiento de los conglomerados empresariales a los efectos de identificar la circulación y la apropiación del excedente;
b) construir un padrón de grandes contribuyentes a partir de la información del primer eje y
c) establecer instancias de coordinación entre la Nación y Provincias para la elaboración de las estrategias fiscales destinadas a combatir el encubrimiento de las altas rentas y los patrimonios”, agrega.
Recuperar la capacidad de creación de moneda
“El Estado no debe seguir restringiendo la utilización de herramientas como la emisión monetaria, que debe servir al objetivo de financiar los gastos que no puedan ser cubiertos por vía fiscal. La política monetaria es una estrategia absolutamente válida y aún más legítima de ser usada en esta coyuntura de emergencia sanitaria, aunque precisa de un marco de reforzamiento de controles en el plano de la regulaciones cambiarias (particularmente por el lado de asegurar la oferta de divisas) y estableciendo un control estricto sobre el sistema de precios”, afirma el informe.
Sobre este punto, detalla un plan de acción de tres ejes para combatir la inflación que radica en intervenir sobre la relación entre los precios internos y los precios internacionales de los productos que Argentina coloca en el mundo e inciden en el valor de la canasta de consumo (soja, trigo y maíz) acentuando las regulaciones, congelar de aquí a fin de año los precios de los alimentos, la energía y los insumos fundamentales de la actividad económica, y disciplinar el comportamiento oligopólico a través de la puesta en marcha de Mesas de Control y Concertación por cadena de producción en la que participen todos los que producen y trabajan en ella (grupos empresarios, grandes empresas, pequeñas y medianas, trabajadores, etc.).