El Papa Francisco invita a todos los economistas, emprendedores y emprendedoras del mundo a participar en el evento titulado «Economía de Francesco», que tendrá lugar en Asís en noviembre de 2020.”Estamos llamados a revisar nuestros esquemas mentales y morales, para corregir el orden imperante.
Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola persona descartada no podrá existir la fiesta de la fraternidad universal”. Con esa convocatoria la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) elaboró su propuesta para pensar un mundo que contenga a todos, y que aquí compartimos.
No obstante la indiscutida presencia de la iglesia católica en la iniciativa, el encuentro para pensar una nueva economía con rostro humano, busca promover un espacio de diálogo neutral y plural en cuanto a las preferencias religiosas. En este sentido, la carta de Francisco indica expresamente que la iniciativa está dirigida a “todos los hombres y mujeres de buena voluntad, más allá de las diferencias de credo y nacionalidad” que compartan la preocupación por la situación que atraviesa la coyuntura mundial. El mundo se encuentra hoy envuelto en la cultura del descarte que impone el dominio de las finanzas por sobre la vida y los recursos naturales. Los efectos globales de exclusión e injusticia social se combinan con la compleja vinculación del mundo del trabajo con el avance de las nuevas tecnologías, la primacía de la rentabilidad capitalista por sobre las protección del medio ambiente y los problemas de sobreendeudamiento de la población y de las naciones más postergadas del mundo, entre otros flagelos que reproducen la injusticia social y la desigualdad en el mundo.
De esta manera, el presente trabajo consiste en una síntesis adaptada a los requerimientos de la convocatoria que recupera una parte importante de nuestras consignas y reivindicaciones debatidas por las y los trabajadores a lo largo de la historia de nuestras organizaciones.
Nuestra propuesta puede resumirse en tres ejes articulados necesariamente entre sí.
El primero de ellos, que tiene como primer objetivo atender a la urgencia de la pobreza extrema y favorecer instancias distributivas de carácter permanente debe estar vinculado con un segundo eje de propuestas para la reconversión productiva que atienda a los nuevos requerimientos de consumo en el marco del paradigma tecnológico vigente. Asimismo, la necesidad de resolver la problemática de sobreendeudamiento que deteriora la soberanía política de una parte importante de las naciones en el mundo, resulta la tercera consigna que posibilita precisamente recuperar la capacidad regulatoria que requieren los estados nacionales para llevar adelante las transformaciones de los primeros dos ejes.
Shock distributivo y socialización de la renta tecnológica
1) Construcción de un piso de ingresos y garantías para resolver la pobreza
La injusticia social del mundo queda expuesta en la siguiente contradicción: 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación, al tiempo que sólo ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial . Es decir, que la pobreza no es un problema de crecimiento económico o insuficiencia de bienes y servicios en el mundo y por lo tanto, las soluciones efectivas aparecerán estableciendo criterios de redistribución permanente en la dinámica social que organizan los procesos de producción. Para ponerlo en números, el 9,9% de la población mundial viven condiciones de pobreza extrema, con menos de UDS 1,9 por día, esto es un total de aproximadamente 743 millones, lo cual implica que con sólo distribuir el 0,6% del producto bruto mundial de USD 85.790.821 millones podría resolverse. Incluso sería posible garantizar una renta básica de USD 3,2 por día para toda la población mundial (7.500 millones de habitantes) con sólo redistribuir el 10,2% del valor que se genera actualmente.
La conformación de un piso de ingresos para los hogares admite una amplia variedad de políticas de transferencia de ingresos que, para su concreción dependerá de las realidades locales de cada país, aunque la experiencia reciente permite brindar algunas claves de alcance. Los sistemas de seguridad social, como instituciones del orden social claves para lograr objetivos redistributivos, deben ser fortalecidos conforme a pilares públicos y solidarios. Se requieren programas de alcance universal financiados con esquemas tributarios que graven especialmente los ingresos de sectores de la población de mayor capacidad contributiva.
Para la consecución de esta iniciativa es prioritario el cambio en la matriz fiscal conforme a una drástica reforma en materia impositiva concentrada en la renta y el patrimonio de los sectores más acomodados.
2) Hacia un Estado Democrático y Popular: El instituto del Seguro de Empleo y Formación, participación tripartida y un avance en la socialización de la renta tecnológica
La contradicción más flagrante del mundo hoy se expresa en el hecho de que aún en un marco de potencialidad tecnológica tal que permitiría prácticamente resolver la totalidad de los problemas de humanidad, la gestión de la misma pone en riesgo la supervivencia del planeta. La razón se encuentra en que tecnologías propias del siglo XXI son gestionadas bajo criterios del siglo XVIII cuyo contenido principal conduce a disminuir la fuerza de trabajo de unidad de producto generando desocupación y sobreexplotación laboral, apropiación privada de la renta tecnológica, limites en la demanda y en la economía real y la consecuente sobreexpansión de los flujos financieros como alternativa de valorización del capital. Lo que omite esta lógica de organización es que el conocimiento es clave fundamental del paradigma tecnológico.
En tanto el cambio tecnológico reduce la necesidad de fuerza de trabajo pero al mismo tiempo requiere niveles crecientes y permanentes de capacitación de la fuerza laboral es necesario promover la socialización de la renta tecnológica para retroalimentar un circuito permanente de formación de la fuerza laboral. Se propone entonces la conformación de un Seguro de Empleo y Formación para generar un replanteo en la distribución de la productividad a través de un nuevo reparto del tiempo de trabajo entre jornada laboral y jornadas de formación que genere una fuerza laboral calificada acorde a los nuevos requerimientos tecnológicos.
Esto se logra en base a un nuevo reparto de la jornada laboral que por un lado reduce el tiempo de empleo al tiempo que libera horas para garantizar procesos de formación y reconversión de la fuerza laboral.
Reconversión productiva con eje en el conocimiento y el cambio social
La principal traba para el desarrollo económico es el carácter rentista que el proceso de inversión adquiere en un modelo productivo altamente concentrado e internacionalizado que obtiene rentas extraordinarias. En tanto la inversión en un régimen capitalista es función de la obtención de una cuasi renta, la posibilidad que brinda nuestra economía de que los sectores dominantes puedan obtener rentas, debilita el proceso de inversión productiva. Ésta, por lo tanto, adopta un carácter vegetativo destinado a mantener las posiciones dominantes que permiten aprovechar las ventajas descriptas. Por lo tanto, instrumentos fiscales como regímenes promocionales, exenciones impositivas, reducción de cargas tributarias, facilidades crediticias por sector de actividad sin discriminar entre los actores involucrados sólo culminará con mayores niveles de fuga de capitales o remisión de utilidades al exterior y la agudización de la restricción externa en materia de divisas.
La reconversión productiva debe venir, por lo tanto, asociada a la regulación pública y la democratización de tales instancias.
Plantearemos brevemente cómo, dónde y para qué. Acerca del cómo, y atendiendo a la necesidad de democratización de las decisiones sobre las condiciones de trabajo y producción, se propone un Acuerdo Social para la Producción a través del armado de mesas de concertación por cadena de valor entre representantes de los actores involucrados mediados por una participación del Estado con la capacidad de evitar los abusos de poder. Sobre el dónde o en qué sectores, la prioridad son los bienes salarios (el conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta de consumo) así como también las cadenas de valor de los insumos estratégicos para la producción de los mismos (petróleo, aluminio, etc.) y el objetivo, en términos generales, es la determinación conjunta de los criterios de distribución de la productividad, es decir, del sistema de precios involucrados en la cadena de valor. Resulta imperioso, por ejemplo, despegar el precio interno de los alimentos y de la energía de la referencia internacional que los encarece y genera pérdida de competitividad y pauperización de las condiciones de vida de la población. Asimismo, las políticas de redistribución del ingreso para resolver la pobreza y garantizar derechos –primer eje- requieren de un resguardo regulatorio que controle los efectos neutralizadores por inflación.
Por otra parte, un segundo bastión de intervención sobre el proceso de inversión que permita desplazar el componente especulativo vigente en la misma, consiste en la construcción de un Área de Economía Popular, Social y Pública como espacio de articulación entre las experiencias autogestionadas de la producción potenciadas y vinculadas con el sector público para el desarrollo conjunto de actividad estratégicas sobre la base de criterios de producción que no repliquen la maximización de beneficios por sobre los fines sociales. El objetivo de fortalecer un espacio como el propuesto implica, no sólo proveer de bienes y empleo a los sectores populares, sino también generar un sector de punta que se capaz de sustituir a los grupos locales y transnacionales en áreas estratégica de la producción local así como también contribuir en la producción de consumos colectivos esenciales como la salud, educación, vivienda, infraestructura sanitaria, por sobre los consumos de carácter individual.
Asimismo, resulta prioritario fortalecer los complejos productivos de infraestructura estatales (industria naval, energética, ferroviaria) que acompañen la creación de una nueva matriz productiva que, por lo tanto, tenga como base cuatro pilares fundamentales: la producción de bienes salarios, la incorporación de tecnología, el ahorro de divisas y el desarrollo de las economías locales.
Club de Países Deudores: reestructuración de las deudas de los estados nacionales
La deuda, que se sintetiza en el par acreedor-deudor, es la relación de poder más antigua que tenga memoria la historia de la humanidad que en la actualidad, adquiere la centralidad de constituirse como la razón de la gestión neoliberal. La economía contemporánea no sólo fabrica mercancías sino que también produce sujetos endeudados como un mecanismo eficaz de control. Según información recopilada por el Banco Mundial , los últimos años fueron testigo de un aumento del endeudamiento de las economías de bajos y medios ingresos: las entradas netas de deuda impulsaron se triplicaron durante el 2017, un tercio de los países tienen una relación de deuda externa PBI superior al 60% y casi la mitad un ratio deuda- exportación superior al 150%.
Es necesario aliviar la carga de la deuda en los presupuestos públicos para recuperar la capacidad regulatoria del Estado y garantizar derechos y ciudadanía social por lo que se propone, para alentar esta iniciativa, la conformación de un Club de Países Deudores como espacio organizado de intercambio de experiencias y producción de estrategias de negociación conjunta y políticas de estado destinadas a resolver el problema del sobreendeudamiento y a la recuperación de la autonomía nacional para la determinación de la política económica frente a las condicionalidades que plantean los organismo multilaterales de crédito. Asimismo, resulta prioritario promover también una convención internacional que sea capaz de regular los movimientos del capital financiero, que combata los paraísos fiscales y penalice los comportamientos fuga de capitales que afecta la estabilidad de las economías en el mundo actual.
Como punto de partida, para el caso argentino decimos que “las deudas se pagan, las estafas no” y proponemos: suspender pagos en el marco de una Auditoría Parlamentaria de la deuda pública, la necesidad de hacer un Censo de Acreedores y la posibilidad de discutir acreedor por acreedor recuperar la soberanía jurídica terminando con las permanentes y sistemáticas prórrogas de jurisdicción, investigar la connivencia entre funcionarios públicos y autoridades de los bancos que intervinieron en los procesos de endeudamiento, analizar posibles incumplimientos de la ley de Administración Financiera, entre otras cuestiones.